Acuario Norte

 
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Autor Tema: La nueva ley que prorroga la caza en parques nacionales, negocio para magnates  (Leído 2510 veces)

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28-Noviembre-2014, 16:35
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El pasado 20 de noviembre, el Congreso de los Diputados aprobó, con los votos exclusivos del Partido Popular, la reforma de la Ley de Parques Nacionales. Esta nueva legislación, que viene a sustituir la anterior (vigente desde 2007, y con un apoyo unánime), supondrá entre otras medidas una prórroga adicional de seis años para aplazar la prohibición definitiva de cazar en estas zonas de especial conservación biológica.

Con la ley de 2007, ya derogada, el plazo marcado para vetar definitivamente la caza de animales en los parques nacionales españoles se situaba en 2017. Pero una enmienda (la 278) aprobada por el PP a última hora durante la tramitación del anteproyecto en el Senado amplió el plazo hasta 2020, lo que provocó el rechazo en bloque de la oposición y su compromiso de derogarlo lo antes posible. Dicho cambio legislativo ha sido calificado por los más críticos al mismo como enmienda Cospedal, debido a las sospechas de que han sido precisamente los intereses del Gobierno autonómico castellano-manchego los que han pesado más a la hora de aprobar este controvertido aplazamiento.

Tanto los partidos de la oposición como las principales organizaciones ecologistas españolas han criticado con dureza éste y otros aspectos de la nueva Ley de Parques Naturales. Acusan al Gobierno de desproteger estas reservas naturales, de dar vía libre a la explotación económica de las mismas y de socavar las competencias autonómicas referentes a la gestión de los parques. En esta línea, el pasado 6 de noviembre se conoció el contenido de una carta firmada por 11 de los 15 directores de parques españoles dirigida al director del Organismo Autónomo, de ámbito estatal. En la misiva, estos altos cargos mostraban su "honda preocupación" en la medida que la nueva legislación permite que en estos espacios protegidos "el interés general se supedita al interés particular".

Un debate complejo

Dos tipos de caza en parques. El de la caza de animales en parques naturales es un tema complejo, con numerosos actores implicados e intereses cruzados. Los matices comienzan ya desde la misma definición de lo que es cazar. Tal como explica Teo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acción, existen actualmente al menos dos modalidades: "Por un lado está la caza particular, aquella que los cazadores practican con un fin económico o por afición, y está además la caza para el control de poblaciones", señala. Ésta última, si bien en teoría ha de desarrollarse con el visto bueno de los técnicos de Medio Ambiente de cada parque, en la práctica "son una forma encubierta de caza deportiva más, donde se organizan monterías, y donde se venden puestos y plazas como en la actividad regular", denuncia la portavoz de esta organización sin ánimo de lucro.

Por su parte, la caza privada en estos espacios protegidos se lleva a cabo principalmente por dos motivos, tal como explican a 20minutos fuentes de organizaciones ecologistas y desde la dirección de los propios parques nacionales. Por un lado están las llamadas cacerías "de prestigio": Aquellas que se organizan con el fin de convocar a grupos de personas influyentes, como un acto social más. Por otro lado están las de tipo comercial: Aquellas donde se venden los puestos de caza, y los profesionales del sector pagan con el fin de obtener un rendimiento económico de sus capturas.

Se practica al menos en cinco parques. A pesar de que las estadísticas son casi inexistentes y las organizaciones ecologistas denuncian un "agujero total" respecto a las mismas, apuntan a que la caza es una práctica regular y extendida en al menos cinco parques, del total de 15 que hay en España: "Cabañeros, Picos de Europa, Monfragüe, Guadarrama y Doñana (éste último muy poco)", tal como señala Oberhuber, quien sin embargo apunta a que la presión para posponer la prohibición llegó principalmente desde Cabañeros, donde varias grandes fortunas españoles son dueños de fincas. "En concreto desde tres fincas privadas (de la docena que hay) propiedad de Alberto Cortina, Alberto Alcocer y Alejandro Aznar", especifica. La organización ecologista acusa a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de ser la instigadora de esta enmienda de última hora, con el fin de "permitir que sus amigos empresarios con terrenos en parques nacionales" puedan seguir organizando sin restricciones sus monterías de ciervos y jabalís. ¿Cuántos animales se matan anualmente en los espacios españoles de más especial protección? El Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), encargado de coordinarlos, no ha facilitado hasta el momento los datos a 20minutos.

Precisamente, desde Ecologistas en Acción acusan al actual director del OAPN, Basilio Rada, de haber participado en una montería en una finca del magnate Alberto Cortina dentro de los límites del Parque Nacional de Cabañeros, en Castilla-La Mancha. Esta ONG consideró esta práctica "una conducta totalmente impropia para el cargo que ocupa", y en su opinión el hecho de que acudiera evidencia la "estrecha relación" que el actual máximo responsable estatal de estas instalaciones mantiene con el sector cinegético. Precisamente a Alberto Cortina se le ha abierto recientemente un expediente sancionador debido al levantamiento de un vallado ilegal en su finca con el fin de cercar la fauna dentro su territorio.

Grandes negocios para pequeños ayuntamientos. Otro de los factores clave para entender los intereses contrapuestos en este conflicto se encuentra en buena parte de los ayuntamientos que se encuentran dentro de los parques nacionales. Y es que aquellos que disponen de fincas aptas para la caza obtienen sustanciales ingresos económicos vendiendo las plazas a sociedades cinegéticas o a empresas especializadas. Tal como explica un técnico de uno de los principales parques españoles, "la caza es una forma de financiar municipios. Un lobo, 3.000 euros; una hembra de venado, 1.200 euros; un corzo, 1.500 euros... en su conjunto es bastante dinero para localidades pequeñas", explica. Es la administración autonómica (encargada de la gestión de sus parques) la que fija cuánto se puede cazar cada año, y teóricamente estas cuotas se subastan entre los ayuntamientos.

Las razones del PP para la prórroga. El partido en el Gobierno, al margen de las denuncias, asegura que ha votado a favor de esta medida movido por la intención de "dar seguridad jurídica a ayuntamientos y particulares", tal como publicó en una reciente nota de prensa. Argumentan además que el coste económico que supondría la compensación a terratenientes y municipios por la prohibición de actividad rondaría los 300 millones de euros, motivo por el que el Ejecutivo dice que ha retrasado el momento vetar esta práctica cinegética. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con varias localidades castellanoleonesas y cántabras cuando en 1995 se amplió el Parque de Picos de Europa: En los nuevos territorios adheridos ya se cazaba de antes de forma legal, por lo que se trató de llegar a acuerdos con los municipios, se estimaron unas indemnizaciones y se dejó de cazar.

No es la misma la situación en el Parque de Cabañeros. Esta zona protegida (declarada en 1995) se compone de dos territorios: público y privado, y en ambos se caza de forma regular. "El problema es que no se quieren buscar una solución que signifique acabar con la actividad cinegética". Tal y como destaca el técnico de parque consultado (que prefiere mantener el anonimato) para los grandes terratenientes castellano-manchegos no es un tema de dinero: "Quieren mantener esta situación de caza legalizada porque les conviene socialmente y les importa poco el dinero de la indemnización. Ellos prefieren no cobrar y seguir cazando". La cifra de los 300 millones de euros en resarcimientos, sin embargo, es en realidad mucho menor, según los cálculos elaborados por Ecologistas en Acción. "La estimación del dinero real de las compensaciones de los cinco parques no pasaría de los 30 millones de euros", asegura Teo Oberhuber.

Un conflicto de competencias. Mención aparte merece otro conflicto institucional encendido por el Gobierno con la aprobación unilateral de esta nueva legislación, que concede más poderes al Organismo Autónomo de Parques Nacionales. En 2004, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que dejaba claro que la gestión de los parques era una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Se transfirieron todas las competencias a las autonomías, si bien la legislación permaneció siendo de ámbito estatal. Sin embargo, con la nueva ley el OAPN gana terreno y pasa a tener un papel predominante, en la medida que será una institución "con iniciativa propositiva y fondos económicos", según señalan fuentes de Parques Nacionales. Se produciría así una recentralización encubierta de la gestión de estos territorios, lo que según estas mismas fuentes generará conflictos de constitucionalidad en el futuro.

Fuente: 20 minutos